{"id":402,"date":"2024-06-12T01:26:22","date_gmt":"2024-06-12T01:26:22","guid":{"rendered":"https:\/\/abogaciacomunitaria.org\/?p=402"},"modified":"2024-06-12T01:26:23","modified_gmt":"2024-06-12T01:26:23","slug":"grave-retroceso-en-el-acceso-a-la-justicia-ordenan-cerrar-81-centros-de-atencion-en-todo-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abogaciacomunitaria.org\/index.php\/2024\/06\/12\/grave-retroceso-en-el-acceso-a-la-justicia-ordenan-cerrar-81-centros-de-atencion-en-todo-el-pais\/","title":{"rendered":"Grave retroceso en el acceso a la justicia: ordenan cerrar 81 centros de atenci\u00f3n en todo el pa\u00eds"},"content":{"rendered":"\n

Ayer, 10 de junio,\u00a0 se public\u00f3 en el <\/strong>Bolet\u00edn Oficial una resoluci\u00f3n<\/strong><\/a> del Ministerio de Justicia que ordena la disoluci\u00f3n de 81 Centros de Acceso a la Justicia. De esta forma, quedar\u00e1 s\u00f3lo un Centro por provincia y se privilegiar\u00e1 la atenci\u00f3n remota, lo que desmantela un sistema de atenci\u00f3n legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geogr\u00e1ficas que las personas m\u00e1s vulnerabilizadas enfrentan a la hora de acceder a la justicia. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la p\u00e9rdida que significa la reducci\u00f3n de este servicio.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Desde hace 15 a\u00f1os, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) se extienden como una pol\u00edtica federal a lo largo de todo el pa\u00eds<\/strong> que acerca respuestas a toda la ciudadan\u00eda, pero en particular a los grupos m\u00e1s vulnerabilizados de la sociedad<\/strong>. El foco est\u00e1, justamente, en barrios populares y\/o parajes rurales, lugares que hist\u00f3ricamente han tenido mayores barreras para acceder a sus derechos. Los CAJ son dispositivos que brindan atenci\u00f3n legal primaria<\/strong>: se trata de brindar servicios que se ocupen espec\u00edficamente de las necesidades jur\u00eddicas cotidianas de las comunidades vulnerabilizadas: acceder a documentaci\u00f3n personal, asesoramiento en temas de familia o trabajo, asistencia a v\u00edctimas de delitos, entre otras cuestiones. Es la primera l\u00ednea de atenci\u00f3n, situada en los territorios, que permite remover barreras hist\u00f3ricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas m\u00e1s vulnerabilizadas y las respuestas estatales que requieren<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Las instituciones tradicionales del sector justicia no se ocupan \u2014o llegan muy tarde<\/strong>, de manera fragmentada y a trav\u00e9s de caminos largos, r\u00edgidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos\u2014 de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades. Frente a esto, contar con centros descentralizados, con un abordaje territorial, que puedan acompa\u00f1ar a las personas integralmente en la resoluci\u00f3n de las necesidades que atraviesan es fundamental.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan datos de la p\u00e1gina web del propio Ministerio, desde el 2016 al 2022, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron m\u00e1s de 1.300.000 consultas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1l es la situaci\u00f3n actual de los CAJs?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan informaci\u00f3n oficial del Ministerio de Justicia brindada como respuesta<\/a> a un pedido de acceso a la informaci\u00f3n realizado por la Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en lo que va del a\u00f1o se hab\u00edan cerrado seis Centros (pasando de 109 a 103). Sin embargo, en el d\u00eda de hoy, se public\u00f3 en el Bolet\u00edn oficial una resoluci\u00f3n del Ministerio de Justicia que resuelve que quedar\u00e1 s\u00f3lo un Centro por provincia y se privilegiar\u00e1 la atenci\u00f3n remota, lo que vulnera un primer principio de la atenci\u00f3n legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geogr\u00e1ficas que las personas enfrentan. Al mismo tiempo, no da cuenta de la necesidad de acompa\u00f1amiento que las personas m\u00e1s vulnerabilizadas enfrentan ni de las barreras tecnol\u00f3gicas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El costo del Acceso a la Justicia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En simult\u00e1neo al anuncio del Bolet\u00edn Oficial, el Poder Ejecutivo emiti\u00f3 un comunicado<\/a> que desconoce, por un lado, las premisas m\u00e1s b\u00e1sicas del acceso a la justicia y, por otro, algunos hechos evidentes como que en la Argentina no hay Defensor del Pueblo desde hace 15 a\u00f1os o que los Centros de Asistencia a Victimas de Delitos (CENAVID) funcionan justamente en los CAJ o de forma remota a trav\u00e9s de atenci\u00f3n telef\u00f3nica.<\/p>\n\n\n\n

En el mismo comunicado, se hace referencia al costo que esta pol\u00edtica tiene para el pa\u00eds. Lo primero que hay que decir es que no es posible constatar la cifra de 8 mil millones de pesos a la que hace menci\u00f3n el Ministerio de Justicia sobre el costo de mantenimiento de los CAJ<\/strong>. Sin embargo, es necesario destacar que, si ese fuera el n\u00famero correcto, corresponder\u00eda solo al 0.01% del gasto p\u00fablico<\/strong>. En t\u00e9rminos comparativos, equivale, por ejemplo, al 8% de los beneficios fiscales que se le otorgaron  a la empresa Mercado Libre en 2023 o al 0,18% de lo que Argentina  pag\u00f3 en servicios de la deuda externa hasta el momento.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo, es importante destacar que el uso del derecho por parte de las personas en situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad y la atenci\u00f3n y resoluci\u00f3n temprana de consultas y conflictos jur\u00eddicos resultan en mejores resultados econ\u00f3micos<\/strong> en general, evitando la p\u00e9rdida de recursos y el agravamiento y escalamiento de los problemas que enfrentan. La inversi\u00f3n en Acceso a la Justicia termina reduciendo los gastos del Estado. En la actualidad, organismos internacionales como la OCDE alientan la implementaci\u00f3n de este tipo de dispositivos, en parte, con argumentos de este tipo.<\/p>\n\n\n\n

La preocupaci\u00f3n por la situaci\u00f3n actual es transversal. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la p\u00e9rdida que significa la reducci\u00f3n de este servicio. En la actual situaci\u00f3n de crisis socioecon\u00f3mica estas pol\u00edticas territoriales y centradas en las personas resultan un instrumento fundamental para el efectivo acceso a la justicia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

FIRMAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n